INCES PROMOVERÁN MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA
Entre 3 y 5% de nómina de empresas debe cubrirse con aprendices. Ya es oficial, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) pasó a la historia para darle paso al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), ente que se encargará de promover el modelo productivo socialista que intenta aplicar el Gobierno. La intención del nuevo organismo es ofrecer formación socialista, a través de programas educativos, según quedó expresado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Inces que fue publicado en la Gaceta Oficial número 38.958.
"Surge la necesidad de transformar el INCE, a objeto de posicionar a la institución dentro de los principios ideológicos del socialismo bolivariano", indica la exposición de motivos. Queda en manos del Ministerio para la Economía Comunal la formulación de la política nacional de educación y formación socialista para la inclusión socioproductiva, en coordinación con el Ministerio de Educación.
La normativa mantiene la contribución en 2% del salario normal de los trabajadores, sólo que la misma ahora también debe ser concretada por personas naturales, además de las empresas, que tengan a cargo a cinco o más trabajadores.
Las personas jurídicas pertenecientes a la República, a los estados o municipalidades se mantienen exceptuadas del pago del aporte al Inces, pero se añaden establecimientos como las cooperativas, fundaciones, unidades económicas asociativas, cajas rurales, unidades productivas familiares, empresas de producción social, empresas en cogestión, bancos comunales, unidades comunales de producción y otras del mismo tipo, los cuales no deberán hacer el aporte, según el artículo 17 de la Ley del Inces.
Igualmente, se mantuvo sin cambios el aporte de medio punto porcentual de las utilidades anuales de los trabajadores, pero se agregó la definición de aguinaldos y bonificaciones de fin de año para ampliar el concepto del pago especial anual. Este porcentaje será retenido por los patronos para ser depositado a la orden del Inces.
En cambio, el Estado ya no estará obligado a concretar aportes, tal como quedaba expresado en la Ley del INCE, en la que definía como no menor de 20% de los aportes totales de las empresas la contribución estatal.
Ahora, sin límites, el Estado fijará en la Ley de Presupuesto el monto que será transferido anualmente al Inces, sin menoscabo de contribuir con transferencias adicionales extraordinarias. Las multas impuestas por el incumplimiento de la normativa también serán destinadas al Inces, así como cualquier otro ingreso que reciba el ente en el cumplimiento de su misión.
Entre otros cambios que incluye el instrumento legal, aprobado por la vía de la Ley Habilitante, está la fijación de un porcentaje mínimo de aprendices que deberán contratar las empresas para cumplir con el programa nacional de aprendizaje. Con la antigua Ley del INCE se delimitó un tope de hasta 5% de la nómina como obligatorio para ser cubierto con aprendices, pero en la normativa del Inces indica que el porcentaje oscilará entre 3 y 5%, "siempre que cuenten con 15 o más trabajadores", de acuerdo con lo explicado en la segunda disposición transitoria que regirá mientras sea definido el reglamento de este instrumento. En este aspecto sí fueron incluidos todos los tipos de empresas, de manera que la obligación aplicará también para las unidades productivas, empresas privadas y colectivas.
La normativa mantiene la contribución en 2% del salario normal de los trabajadores, sólo que la misma ahora también debe ser concretada por personas naturales, además de las empresas, que tengan a cargo a cinco o más trabajadores.
Las personas jurídicas pertenecientes a la República, a los estados o municipalidades se mantienen exceptuadas del pago del aporte al Inces, pero se añaden establecimientos como las cooperativas, fundaciones, unidades económicas asociativas, cajas rurales, unidades productivas familiares, empresas de producción social, empresas en cogestión, bancos comunales, unidades comunales de producción y otras del mismo tipo, los cuales no deberán hacer el aporte, según el artículo 17 de la Ley del Inces.
Igualmente, se mantuvo sin cambios el aporte de medio punto porcentual de las utilidades anuales de los trabajadores, pero se agregó la definición de aguinaldos y bonificaciones de fin de año para ampliar el concepto del pago especial anual. Este porcentaje será retenido por los patronos para ser depositado a la orden del Inces.
En cambio, el Estado ya no estará obligado a concretar aportes, tal como quedaba expresado en la Ley del INCE, en la que definía como no menor de 20% de los aportes totales de las empresas la contribución estatal.
Ahora, sin límites, el Estado fijará en la Ley de Presupuesto el monto que será transferido anualmente al Inces, sin menoscabo de contribuir con transferencias adicionales extraordinarias. Las multas impuestas por el incumplimiento de la normativa también serán destinadas al Inces, así como cualquier otro ingreso que reciba el ente en el cumplimiento de su misión.
Entre otros cambios que incluye el instrumento legal, aprobado por la vía de la Ley Habilitante, está la fijación de un porcentaje mínimo de aprendices que deberán contratar las empresas para cumplir con el programa nacional de aprendizaje. Con la antigua Ley del INCE se delimitó un tope de hasta 5% de la nómina como obligatorio para ser cubierto con aprendices, pero en la normativa del Inces indica que el porcentaje oscilará entre 3 y 5%, "siempre que cuenten con 15 o más trabajadores", de acuerdo con lo explicado en la segunda disposición transitoria que regirá mientras sea definido el reglamento de este instrumento. En este aspecto sí fueron incluidos todos los tipos de empresas, de manera que la obligación aplicará también para las unidades productivas, empresas privadas y colectivas.
